En una reunión comunitaria el 6 de septiembre, a las dos familias, que pertenecen a la Primera Iglesia Bautista en el estado de Hidalgo, México, se les prohibió hablar y se les amenazó con ser excluidas de los servicios esenciales o expulsadas de la comunidad si continúan celebrando servicios religiosos y no pagan el resto de una multa ilegal que se impuso como parte de un acuerdo extralegal en enero de 2020.

La noticia la dio a conocer el vigilante de la persecución religiosa Christianity Solidarity Worldwide, en sitio web, donde solicitaron a los funcionarios estatales en Hidalgo, México, “que intervengan en nombre de dos familias protestantes que están bajo amenaza de desplazamiento forzado a manos de líderes comunitarios que pertenecen a la mayoría religiosa”.

La amenaza se produce poco más de un mes después de que los líderes comunitarios  en La Mesa Limantitla en el municipio de Huejutla de los Reyes, José Marcos Martínez y Julio Alvarado Hernández convocaron una reunión con Nemesio Cruz Hernández y Eligio Santiago Hernández el 3 de agosto, durante la cual hicieron amenazas similares y les ordenaron que dejaran de realizar servicios religiosos en la casa de Bartolo Martínez Hernández.

Aunque no fue citado a la reunión del 6 de septiembre, Bartolo Martínez Hernández también ha estado relacionado con el pago de la multa por permitir que se realizaran servicios religiosos en su domicilio.

Las familias protestantes en el municipio han estado bajo presión durante más de dos años y medio, después de que muchas se vieron obligadas a firmar un acuerdo de renuncia a su fe en enero de 2019.

Mientras que ocho familias firmaron el acuerdo, el Sr. Cruz Hernández, el Sr. Santiago Hernández y sus esposas, Maria Francisca Martínez Hernández y Angelina Martínez Hernández, se negaron a hacerlo. 

Como resultado, su acceso al agua, alcantarillado, programas de beneficios gubernamentales y el molino comunitario estuvo bloqueado durante más de un año hasta que se vieron obligados a firmar un acuerdo extralegal el 15 de enero de 2020 en el que renunciaron a su derecho a realizar servicios religiosos.

Las autoridades estatales pagaron parte de una multa ilegal de $ 57.700 pesos mexicanos que se impuso a cada familia como parte del acuerdo extralegal. Sin embargo, las familias han seguido siendo amenazadas de desplazamiento forzado en varias reuniones de seguimiento a lo largo de 2020 y 2021, incluidos el  22 de agosto y el 7 de noviembre de 2020 . El monto de la multa se basa en los costos incurridos por los líderes comunitarios en sus esfuerzos por detener cualquier investigación sobre los delitos o violaciones de derechos humanos asociados con el caso.

Los acuerdos extralegales se utilizan a menudo en México en lugar de los mecanismos de justicia adecuados cuando se violan los derechos de las minorías religiosas. En su mayor parte, estos acuerdos tienden a defender la posición de la mayoría y a menudo invitan a nuevas restricciones a la libertad de religión o creencias (FoRB).

La Jefa de Defensa de CSW, Anna-Lee Stangl, dijo: “CSW hace un llamado al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y al Director de Asuntos Religiosos de Hidalgo, Ivan Huesca, para que intervengan en La Mesa Limantitla con urgencia. Si el gobierno estatal se niega a proteger los derechos de las minorías religiosas, el gobierno federal debe intervenir. El gobierno, tanto a nivel estatal como federal, debe abordar la cultura de impunidad que ha permitido que violaciones como estas pasen sin control durante demasiado tiempo, garantizando que familias como las de los señores Cruz Hernández y Santiago Hernández sean libres de practicar cualquier religión o creencia de su elección sin verse obligados a pagar multas ilegales o enfrentarse a la presión de renunciar a sus creencias bajo la amenaza de acciones delictivas, incluida la interrupción de los servicios básicos y el desplazamiento forzado ".