Christian Solidarity Worldwide (CSW) pidió una acción urgente del gobierno colombiano tras la desaparición forzada de ocho personas —siete de ellas líderes y miembros activos de iglesias evangélicas— ocurrida los días 4 y 5 de abril en la vereda Agua Bonita, municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. 

Los desaparecidos respondieron a citaciones personales emitidas por un grupo armado ilegal. Isaíd Gómez, Maribel Silva y Carlos Valero acudieron el 4 de abril, mientras que James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Oscar García lo hicieron al día siguiente. Desde entonces, ninguno ha regresado. Cuando sus familias buscaron respuestas, los grupos armados inicialmente negaron haber hecho las convocatorias y más tarde enviaron advertencias para que dejaran de investigar y "dieran el caso por cerrado". 

Muchos de los desaparecidos pertenecen a las denominaciones Alianza Evangélica de Colombia (DEAC) y la Iglesia Cuadrangular (ICCG). Nixon Peñalosa, por ejemplo, era presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita y tesorero de la DEAC. Isaíd Gómez y su esposa Maribel Silva, ambos predicadores, dejan atrás a dos hijos pequeños. Maryuri Hernández fue a la reunión mientras su esposo cuidaba a su hija de cinco años. James Caicedo, ex pastor de la ICCG, también continúa como líder espiritual en la zona. 

Todos ellos habían huido de Arauca años atrás debido a amenazas, cierres de iglesias y ataques a pastores por parte de grupos armados. Hoy, sus vidas y las de sus familias vuelven a estar en peligro. 

El pastor Fabián Cárdenas, presidente de la DEAC, y el alcalde de Calamar, Farid Castaño, exigieron al gobierno nacional que investigue y convoque con urgencia al Consejo de Seguridad. Hasta ahora, sus llamados han sido ignorados. 

“La iglesia ha estado en oración constante desde el 9 de abril. Aunque confiamos en la justicia de Dios, tememos por lo que pueda pasar”, expresó una fuente a CSW. 

Scot Bower, director ejecutivo de CSW, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro: “Pedimos que se tomen medidas urgentes para localizar y garantizar el bienestar de estas ocho personas. La violencia creciente en Guaviare y otras zonas afecta gravemente los derechos humanos, incluida la libertad religiosa”. 

Las iglesias continúan clamando por justicia mientras el miedo, una vez más, intenta silenciar la fe.