El diputado cristiano Fabricio Alvarado presentó este lunes un proyecto de ley que busca garantizar la continuidad de radios y televisoras evangélicas y católicas ante la reciente subasta de frecuencias realizada por SUTEL, un proceso que —según operadores y expertos— estableció precios “exorbitantes” que dejaron por fuera a la mayoría de medios sin grandes capitales. 

La iniciativa, llamada Ley para Garantizar la Continuidad de Medios de Comunicación Evangélicos y Católicos, propone un modelo diferenciado de asignación de frecuencias, donde las emisoras religiosas sin fines de lucro no tendrían que competir en subastas económicas, sino que podrían recibir las frecuencias por asignación directa si cumplen ciertos criterios establecidos en la ley. 

“El gobierno abrió la caja de Pandora”, dijo Alvarado durante la conferencia de prensa, señalando que los precios fijados por SUTEL —que van desde $9.600 para radio AM hasta $1.6 millones para televisión nacional— “hicieron imposible” la participación de muchas emisoras cristianas, varias de las cuales ya anunciaron riesgo de cierre técnico. 

Un régimen especial para emisoras sin fines de lucro 

El proyecto beneficiaría exclusivamente a asociaciones religiosas sin fines de lucro que ya operaban frecuencias al 21 de noviembre de 2025, que tengan trayectoria comprobada y que mantengan programación predominantemente religiosa. Las emisoras que hoy operan como sociedades comerciales tendrían un año para transformarse en asociaciones religiosas si desean acceder al beneficio. 

Este enfoque deja por fuera a medios rurales, culturales y comunitarios también afectados por la subasta, algo que Alvarado reconoció, aunque aclaró que este proyecto se concentra en las emisoras cristianas por su función espiritual y social en el país. 

Defensa de la libertad religiosa 

El documento presentado por los seis diputados de Nueva República argumenta que garantizar la continuidad de estos medios es esencial para proteger la libertad religiosa, un derecho reconocido por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La exposición de motivos cita incluso criterios de la Corte Interamericana que avalan la difusión pública de creencias por cualquier medio, incluyendo radio y televisión. 

Según el proyecto, Costa Rica sigue siendo un país mayoritariamente creyente —con más del 80% de la población identificándose como cristiana— y los medios religiosos cumplen un rol social importante: ofrecen consejería, promueven valores, fortalecen la vida familiar y movilizan ayuda humanitaria en tiempos de crisis, como ocurrió tras el huracán Rafael en 2024. 

SUTEL y MICITT deberán reglamentar el proceso 

Si la ley se aprueba, el MICITT y SUTEL tendrán seis meses para emitir la normativa técnica que regule el proceso de asignación de frecuencias, incluyendo los criterios técnicos y las condiciones de operación. 
El Estado también estaría obligado a otorgar frecuencias de enlace para garantizar la cobertura de los medios beneficiados. 

Llamado al presidente Rodrigo Chaves 

Alvarado pidió al presidente Rodrigo Chaves convocar el proyecto durante las sesiones extraordinarias y anunció que su fracción solicitará una dispensa de trámite para agilizar la discusión. También adelantó que sostendrán reuniones con directores de radios y televisoras cristianas para explicar detalles y recibir observaciones. 

“Costa Rica no puede perder la posibilidad de escuchar el mensaje de Dios por radio y televisión”, afirmó Alvarado. “Nuestra defensa de la libertad religiosa no es electoral; ha sido siempre una convicción”.